Una sociedad puede tener un nombre, una dirección, un representante legal e, incluso, varios accionistas registrados. Sin embargo, nada de eso garantiza que ya sepamos quién toma realmente las decisiones o quién termina…
Una sociedad puede tener un nombre, una dirección, un representante legal e, incluso, varios accionistas registrados. Sin embargo, nada de eso garantiza que ya sepamos quién toma realmente las decisiones o quién termina beneficiándose de sus operaciones.
Ahí aparece una de las preguntas más importantes de la debida diligencia:
¿Quién es el beneficiario final?
Dicho de manera sencilla, es la persona natural que, en última instancia, posee, controla o se beneficia de una empresa, una estructura jurídica o una operación. No siempre es quien firma el contrato, figura como representante legal o aparece en el primer nivel de la composición accionaria.
Imagine esta estructura: La empresa con la que queremos contratar pertenece a otra sociedad; esa segunda sociedad pertenece a una compañía extranjera y, detrás de ella, aparecen dos personas naturales.
Si nuestra revisión termina en la primera sociedad accionista, conocemos una parte de la estructura, pero todavía no sabemos quién está realmente detrás.
Identificar al beneficiario final implica seguir la cadena hasta llegar a la persona natural.
Esto es importante porque las sociedades, los fideicomisos y otras estructuras jurídicas pueden utilizarse legítimamente para invertir, administrar activos o desarrollar negocios; pero también pueden servir para ocultar la identidad de quienes controlan recursos de origen ilícito. Por esa razón, el GAFI exige que la información sobre beneficiarios finales sea adecuada, exacta y esté actualizada.
Ahora bien, la propiedad no es la única forma de ejercer control.
Una persona podría no tener el mayor porcentaje de participación y, aun así, controlar la empresa porque tiene capacidad para designar administradores, influir decisivamente en las votaciones, imponer instrucciones o recibir el beneficio económico principal.
Por eso, una buena revisión no se limita a preguntar: “¿Quién tiene más acciones?”. También debería analizar quién toma las decisiones, quién ejerce los derechos de voto, quién aporta los recursos y quién se beneficia finalmente de la relación.
El problema aparece cuando la estructura parece diseñada para dificultar esas respuestas: varias sociedades en diferentes países; cambios frecuentes de accionistas; intermediarios que actúan por cuenta de terceros; administradores sin relación aparente con el negocio o resistencia injustificada a entregar información.
Ninguna de estas situaciones demuestra, por sí sola, que exista lavado de activos. ¡Pero sí exige hacer más preguntas!
En esos casos, no basta con recibir un organigrama elaborado por el cliente. La organización debería contrastar la información con registros confiables, documentos societarios, acuerdos de accionistas, fuentes independientes y cualquier otro elemento que permita verificar tanto la identidad como la condición de quien ha sido declarado beneficiario final.
También es importante evitar un error frecuente: confundir al representante legal con el beneficiario final.
El representante legal actúa en nombre de la empresa; el beneficiario final es la persona natural que, al final de la estructura, la posee, la controla o recibe sus beneficios. En algunos casos puede tratarse de la misma persona; en otros, pueden ser completamente diferentes.
La revisión tampoco debería realizarse una sola vez. Una compañía puede vender acciones, incorporar nuevos inversionistas, cambiar su estructura de control o trasladar operaciones a otra jurisdicción. Cuando algo cambia, la información del beneficiario final debe revisarse y actualizarse.
En conclusión, conocer el nombre de una empresa no significa conocer a quienes están detrás de ella.
El beneficiario final no siempre es la persona más visible; muchas veces es precisamente quien menos aparece.
Por eso, una debida diligencia seria no se detiene ante la primera sociedad, el primer documento o la primera respuesta. Sigue preguntando hasta comprender quién controla, quién se beneficia y por qué la estructura fue creada de esa manera.
En la próxima publicación hablaremos de las Personas Expuestas Políticamente —PEP— y de una idea que todavía genera mucha confusión: ser PEP no significa ser corrupto, pero sí requiere una atención especial.
¿En su organización identifican realmente al beneficiario final o únicamente registran el nombre que aparece en el formulario?
